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| Diccionario jurídico |
Lo comete el empleado o funcionario de la Administración pública estatal, provincial o municipal que deja de concurrir sin causa justificada al desempeño de sus labores, aun cuando lo haga después de haber presentado su renuncia o dimisión y antes de que la misma le haya sido aceptada. Quienes proceden en esa forma incurren en sanciones que pueden ser, según los casos, de orden disciplinario, civil o penal. El abandono del empleo se encuentra vinculado penalmente con el delito de violación de los deberes de los funcionarios públicos.
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